El Instituto para las Mujeres en la Migración lanza el informe: “Contabilizar para proteger: recomendaciones para la visibilización estadística de personas SOGIESC en contextos de movilidad humana en México”, un documento que examina las dinámicas de exclusión que empujan a la población con orientaciones sexuales, identidades de género y características sexuales diversas (SOGIESC) al desplazamiento forzado, y pone el lente en una problemática estructural: la falta de datos públicos oficiales sólidos.
En un contexto donde México se ha consolidado como un país de destino para miles de personas migrantes, las personas de la disidencia sexual continúan enfrentando una doble vulnerabilidad: la desprotección en las rutas migratorias y la invisibilidad estadística.
Frente a esta realidad, el documento detalla que, tras diversas solicitudes de información realizadas a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración (INM) de 2018 a 2025, las autoridades respondieron no localizar documentación ni registros estadísticos específicos sobre la orientación sexual o identidad de género de las personas que ingresan a las estaciones migratorias o cruzan el país. Y cuando existen son dispersas y poco sólidas.
Aunque el INM y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPM) reconocen la necesidad de desarrollar un sistema de datos sin poner en riesgo a las personas con identidades diversas, esta ausencia de información impide la creación de políticas públicas y presupuestos diseñados para prevenir agresiones, extorsiones y detenciones arbitrarias que sufre sistemáticamente esta comunidad.
Por otro lado, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) sí contempla variables de diversidad en sus registros; sin embargo, el estudio evidencia una profunda subrepresentación. Históricamente, apenas el 0.21% de las solicitudes de asilo corresponden a personas identificadas formalmente dentro de la población SOGIESC. De acuerdo con el análisis, este bajo porcentaje no refleja la realidad en el terreno, sino el temor fundado de las personas migrantes a sufrir discriminación por parte de los funcionarios públicos, obligándolas a ocultar su identidad durante los procesos administrativos.
Para revertir esta situación, el documento no sólo diagnostica el panorama actual, y muestra prácticas destacables en otros país, sino que propone una hoja de ruta técnica y humanitaria dividida en tres ejes esenciales: 1) el reconocimiento conceptual de las identidades disidentes desde un enfoque interseccional; 2) el uso de la estadística pública como una herramienta de protección de derechos humanos; y 3) una guía práctica para el registro de datos.
Además de emitir recomendaciones metodológicas, para instituciones como la COMAR y el INM, como la implementación del “Método de los dos pasos”: preguntar el sexo asignado al nacer y la identidad de género actual por separado; y la priorización de encuestas autoaplicadas en espacios seguros, para la recolección de datos bajo principios de confidencialidad, no revictimización y respeto absoluto al nombre de las personas en contextos de movilidad.
La investigación concluye que, ante las omisiones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y los albergues especializados siguen siendo la primera y única línea de defensa de la diversidad migrante.
Esta investigación fue posible gracias a los aportes de las organizaciones: Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida, A.C., y Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, A. C.; y a las personas defensoras: Alexandra R De Ruiz y Mario Bruzzone.
Descarga el informe: https://bit.ly/contabilizarparaprotegersogiesc.
