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Por una agenda regional de cuidados con enfoque de movilidad humana

En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, mujeres refugiadas, organizaciones de la sociedad civil, agencias de la ONU, gobiernos y academia hacen un llamado para garantizar que las mujeres en movilidad accedan a sistemas de cuidados dignos y sin discriminación.

Ciudad de México, 11 agosto 2025.

La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Instituto de Investigación para Desarrollo Social de las Naciones Unidas (UNRISD), ONU Mujeres, el Gobierno de Chile, el Colegio de México, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Diputación de Barcelona realizaron el panel paralelo: “Los cuidados en contexto de movilidad humana en América Latina y el Caribe: experiencias y desafíos”.

El encuentro tuvo como objetivo posicionar la urgencia de integrar a los sistemas de cuidados de la región a las mujeres en contextos de movilidad humana, así como incorporarlas a las conclusiones de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

El cuidado se ha convertido en un eje estructurante de las desigualdades que enfrentan las mujeres migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas y retornadas en América Latina y el Caribe. Con un 51,3 % de la población migrante internacional en las Américas compuesta por mujeres (OIM, 2022);  un 46 % de las personas en situación de desplazamiento forzado (ACNUR, 2023); y el incremento de la  migración de retorno que, entre  enero y mayo de 2025, registró 57.089 devoluciones de personas mexicanas desde Estados Unidos, incluidas 3.717 niñas, niños y adolescentes (gobierno de México, 2025), los impactos diferenciados del género en la movilidad humana son innegables.

Las mujeres migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas y retornadas asumen un doble rol: mientras son proveedoras de cuidados, al mismo tiempo requieren acceso a sistemas de cuidados dignos y sin discriminación. Sin embargo, lejos de que este acceso esté garantizado, las mujeres en movilidad enfrentan obstáculos como la falta de acceso a regularización migratoria, dificultades para solicitar y recibir asilo, barreras para inscribirse en sistemas de protección social, ausencia de redes de apoyo, escasa corresponsabilidad de los hombres en estas labores, así como diversas formas de discriminación y violencia.

El evento reunió a representantes de la sociedad civil, organismos internacionales, gobiernos y academia en dos paneles de discusión. En el primero, se abordaron los desafíos que enfrentan las mujeres en movilidad respecto al acceso a cuidados. Encabezando la conversación, Milgian Jael, una mujer refugiada, quien compartió como los cuidados van más allá de las fronteras e incluso a través de ellas y la importancia de que los Estados puedan brindar apoyos a las mujeres en movilidad, desde facilitar sus procesos de reconocimiento de la condición de persona refugiada hasta estancias infantiles que les permita incorporarse con facilidad al mercado laboral remunerado.

Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México, advirtió que “los perfiles que se encuentran en mayor riesgo de experimentar violencia de género en el contexto de desplazamiento coinciden en varios casos con mujeres que tienen carga de cuidados – los grupos en mayor riesgo son mujeres de 15 a 49 años viajando solas o con hijos y sin algún otro acompañante”.

Carolina Maldonado, en representación de UNRISD, y Ana María Tepichin, de El Colegio de México, subrayaron que, las mujeres que retornan a sus comunidades de origen enfrentan múltiples desafíos. A menudo su regreso implica una rápida reincorporación a tareas de cuidado no remunerado, como el cuidado de hijas e hijos, personas mayores o con enfermedades, e incluso personas adultas plenamente funcionales, lo que limita sus oportunidades de acceder a empleos remunerados, consolidar su autonomía económica y ejercer plenamente sus derechos.

Andrea Droppelmann, coordinadora de Asuntos de Género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile reiteró que “para Chile ha sido muy importante la institucionalización de la nueva ley y política nacional de migraciones para ir incorporando el enfoque de género, la interseccionalidad y la interculturalidad como una forma de aproximarnos hacia la migración y al nuevo proyecto de ley para el sistema nacional de cuidados”.

Por su parte, Xadeni Méndez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, señaló que “estamos en un momento histórico: la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo nos convoca a todas y todos a reforzar nuestro compromiso con la materialización de la corresponsabilidad social y de género, y la sostenibilidad de la vida a través de medidas concretas en todos los ámbitos en materia de cuidados”.

El segundo panel estuvo enfocado en compartir buenas prácticas y propuestaspara avanzar hacia sistemas de cuidado corresponsables. Se destacaron iniciativas de políticas públicas con enfoque de género en contextos migratorios, estrategias interinstitucionales de salud sexual y reproductiva, y modelos de integración con base comunitaria.

Al respecto, Alanna Armitage, representante de UNFPA México, señaló que las mujeres en movilidad cuidan, protegen y sostienen a sus familias, en contextos donde nadie las cuida, “Son las cuidadoras invisibles de la ruta migratoria.” Asimismo, agregó que el enfoque de UNFPA busca ser integral, sumando a los esfuerzos colectivos alianzas estratégicas, liderando la integración de la perspectiva de género a fin de construir una red de protección real y efectiva.

Por su parte, Alma Pérez, asesora regional de Mujeres, Paz y Seguridad y Acción Humanitaria de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe recordó que “una sociedad del cuidado no puede construirse si deja fuera a las mujeres en tránsito, refugiadas y retornadas. El cuidado debe ser un derecho más allá de las fronteras, transversal a las políticas migratorias y profundamente enraizado en la igualdad de género”, y agregó “es fundamental reconocer el rol del cuidado de las mujeres en movilidad como un catalizador para la construcción de paz y el fortalecimiento del tejido comunitario”.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, destacó que “reconocer el cuidado como un derecho para las mujeres migrantes y refugiadas es urgente, porque se entrelaza con otros derechos fundamentales como el acceso a la regularización migratoria, a la salud, a la educación, al trabajo digno y a la unidad familiar. Las mujeres en movilidad enfrentan una sobrecarga de cuidados en contextos de violencia y precariedad, especialmente cuando viajan con sus hijas e hijos. Es indispensable reducir esa carga fortaleciendo la oferta pública de servicios, como estancias infantiles, espacios educativos y de salud, para garantizar vidas dignas y seguras más allá de las fronteras”.

Al cierre, la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración presentó recomendaciones clave para fortalecer el reconocimiento del cuidado en contextos de movilidad humana. Entre ellas, subrayó la importancia de reconocer el cuidado como un derecho universal, así como la incorporación activa de mujeres migrantes, refugiadas y retornadas en el diseño de políticas públicas relacionadas con los cuidados. Asimismo, enfatizó la urgencia de garantizar el acceso universal a servicios de salud, justicia, educación y protección social, sin discriminación por estatus migratorio. Finalmente, se hizo un llamado a promover una cooperación regional efectiva entre países de origen, tránsito, destino y retorno, para construir respuestas coordinadas, sostenibles y transnacionales.

Este evento se inscribe en el marco de una agenda regional de igualdad de género que busca reconocer, redistribuir, recompensar y representar los cuidados en todos los territorios y situaciones migratorias, en línea con lo establecido en el Compromiso de Buenos Aires, el Consenso de Montevideo, el Proceso de Quito y la Declaración de Cartagena+40.

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