Del 06 al 11 de noviembre, las organizaciones Apoyo a Migrantes Venezolanos, Women’s Refugee Commission, Center of Democracy in the Americas y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) realizan misión civil a Chiapas y Oaxaca para monitorear y documentar la situación de las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQ+ venezolanas, como consecuencia de las políticas migratorias de la región -expulsiones bajo Título 42, parole humanitario, cierre de frontera de Panamá y solicitud de visa para ingresar a México.
De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, hasta septiembre de 2022, en el mundo 7.1 millones de personas venezolanas son migrantes o refugiadas , de ellas, 5.96 millones están en América Latina y El Caribe -82 mil 900 en México y 545 mil 234 en Estados Unidos-, como consecuencia de la inestabilidad sociopolítica de su país.
Antes de enero de 2022, la mayoría de las mujeres venezolanas y sus familias realizaban el viaje vía aérea buscando establecerse en México o Estados Unidos, sin embargo, el gobierno de México decidió implementar la solicitud de visas a población venezolana a partir del pasado 21 de enero, lo que trajo como consecuencia el tránsito vía terrestre con impactos en su seguridad personal. De acuerdo con el gobierno de Panamá, entre febrero y agosto de 2022 se ha registrado el cruce, entre su frontera y Colombia, de 67 mil 441 personas venezolanas, un incremento del 5800% en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2021. Mientras que, en México, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, entre febrero y agosto de 2022 se registraron 33 mil 159 eventos de detención de personas venezolanas, 3200% más que en el mismo periodo de 2021.
El 12 de octubre de 2022, los gobiernos de México y Estados Unidos nuevamente hicieron pública una política migratoria bilateral que coloca a la población venezolana en las nacionalidades expulsadas a territorio mexicano bajo Título 42. Esta medida, acompañada del anuncio del limitado programa parole humanitario con requisitos de elegibilidad muy estrictos, obstaculizan el derecho a solicitar protección internacional de las y los venezolanos. La política entró en vigor el 19 de octubre, y aunque se estima en más de 7 mil las personasregresadas a México, la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha publicado ninguna ruta de apoyo humanitario y estancia migratoria regular para la población recibida desde Estados Unidos, provocando separación familiar, saturación de albergues de la sociedad civil, incertidumbre en las personas venezolanas y situaciones de violencia contra esta población.
La misión civil busca recorrer una parte de la frontera sur de México (Tapachula, Chiapas y Tapanatepec, Oaxaca) por ser los lugares donde se encuentra un importante número de mujeres venezolanas y sus familias ante la imposibilidad de regularizar su situación migratoria, solicitar protección internacional o transitar hacia Estados Unidos. Además, se tendrán reuniones con organizaciones y albergues de la sociedad civil locales y autoridades migratorias y de asilo de ambos estados.
