La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) presentó el documento “Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad en México”, una revisión sobre políticas públicas de prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género en contextos de movilidad en México, el cual revela una brecha crítica entre el marco constitucional y la realidad operativa que viven las mujeres, las adolescentes y las niñas migrantes y refugiadas en el país.
El informe provee información cualitativa y cuantitativa que revela que las mujeres enfrentan barreras estructurales e institucionales que convierten su tránsito y permanencia en el país en un riesgo constante, sin contar con acceso efectivo a la justicia, a la salud sexual y reproductiva y a la protección. La fragmentación del sistema jurídico entre el fuero común y federal, sumada a la falta de coordinación entre las autoridades migratorias, de asilo y los sistemas de protección contra la violencia, crean un entorno inaccesible para las sobrevivientes de violencia basada en género. Ante la inacción estatal, las organizaciones asumen el mandato de protección y acceso a la justicia, tejiendo redes de cuidado multisectorial y liderando acciones para garantizar derechos en la práctica, y no solo en el papel.
La asfixia presupuestaria mantiene a las instituciones dependiendo de la cooperación internacional. Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) enfrentó una reducción del 10% en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PEF 2025) dependiendo entre un 70% y 80% de recursos provenientes del ACNUR, quien, a su vez, sufrió un recorte presupuestario global de casi el 80%, limitando severamente su capacidad operativa.
En el sector salud, el PEF 2025 redujo el gasto en un 34%, afectando la adquisición de medicamentos e insumos críticos para la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046 (atención a víctimas de violencia sexual e interrupción legal del embarazo). Y los refugios especializados presentan estancamiento de recursos y retrasos administrativos derivados de la transición institucional a la Secretaría de las Mujeres.
En materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, aunque México ha desarrollado importantes avances institucionales, como el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se necesita fortalecer una perspectiva interseccional. Por ejemplo, de los 73 Centros de Justicia para las Mujeres, solo 30 se ubican en zonas de la ruta migratoria y, según los datos disponibles, únicamente 2% de las mujeres atendidas son extranjeras y 0.1% son mujeres LGBTIQ+, frente al 98% de mujeres mexicanas. Es imperativo seguir fortaleciendo la cobertura, la accesibilidad, la capacitación y la pertinencia de los servicios para garantizar una respuesta adecuada a las diversas necesidades de las mujeres en movilidad.
De acuerdo con Médicos del Mundo y ACNUR, entre el 70 y 80% de las mujeres migrantes en tránsito sufrieron algún delito en México. A pesar de esta vulnerabilidad, la mayoría carece de información oficial y confiable sobre sus derechos, dependiendo de redes sociales informales y quedando expuestas a mayores abusos. Más de la mitad no presentó una denuncia por miedo a represalias y porque considera que no obtendría justicia.
Y pese a amparos históricos, ganados por la sociedad civil ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el que señala la publicación de lineamientos con perspectiva de género en los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, el gobierno mexicano no ha publicado ni operado de manera efectiva estas disposiciones. Ante este panorama, el análisis exhorta al Estado mexicano a: integrar de manera formal al INM y a la COMAR en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que las políticas migratorias incorporen una perspectiva de género e interseccionalidad de forma obligatoria; garantizar suficiencia presupuestaria etiquetada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la COMAR, la red de refugios especializados y los programas estatales de salud sexual y reproductiva; acatar sin dilación las sentencias de la SCJN; y desagregar las estadísticas e indicadores oficiales para incluir la variable de estatus migratorio, permitiendo visibilizar y dimensionar la violencia que sufren las mujeres en contextos de movilidad en el país.
