El día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue escenario de una denuncia sobre la crisis de derechos humanos derivada de la externalización de fronteras. Durante la audiencia temática “Situación de las personas deportadas, expulsadas o trasladadas en el contexto de la movilidad humana”, una coalición de 22 organizaciones regionales expuso cómo la administración de Estados Unidos ha consolidado una estrategia de deportación y traslado forzado de personas solicitantes de asilo hacia terceros países que no ofrecen garantías mínimas de seguridad ni protección.
Durante el último año, el gobierno estadounidense ha multiplicado la firma de acuerdos opacos con países de la región latinoamericana y el Caribe. Estos convenios, son mecanismos ilegales que violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al carecer de transparencia y ser producto de presiones diplomáticas y económicas, obliga a los países receptores a gestionar a una población para la cual no tiene infraestructura ni sistemas de asilo funcionales, derivando en un sufrimiento humano devastador.
La documentación presentada ante la CIDH revela una escala de abusos que constituye una violación sistemática a los estándares interamericanos. Entre los datos más alarmantes destaca la situación en México, donde entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se contabilizó la deportación de casi 13,000 personas de terceras nacionalidades -23% mujeres y 690 niñas, niños y adolescentes-, quienes son entregadas a las autoridades mexicanas sin que exista una comunicación efectiva sobre sus procesos de protección previos en Estados Unidos.
En El Salvador, la situación alcanzó niveles de crueldad extrema. Las organizaciones documentaron el caso de los 252 jóvenes venezolanos que, tras ser deportados bajo engaños, fueron recluidos en el Centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad, donde sufrieron desaparición forzada por más de cuatro meses, incomunicación, torturas físicas y psicológicas, y abusos sexuales, antes de ser finalmente devueltos a Venezuela, violando flagrantemente el principio de no devolución.
Por su parte, en Panamá y Costa Rica, la externalización ha tomado la forma de campamentos de detención bajo condiciones inhumanas. En Panamá, cerca de 300 personas fueron retenidas en la selva del Darién, donde se documentaron negaciones sumarias de asilo y violencia sexual contra mujeres migrantes. En Costa Rica, el uso de instalaciones industriales como el CATEM (una antigua fábrica de lápices) para albergar a familias con 81 menores de edad bajo vigilancia armada y condiciones de hacinamiento extremo, demuestra que la prioridad de estos acuerdos no es la protección, sino el control punitivo. Mientras que el gobierno de Guatemala ha firmado un acuerdo para recibir a personas de los diferentes países centroamericanos, quienes son enviados a sus países de origen, prestandose a la tercerización de las políticas migratorias.
Por su parte, Honduras ha recibido más de 50 personas de múltiples nacionalidades bajo el Acuerdo de Cooperación para el Examen de Solicitudes de Protección pese a las condiciones inseguras del país. En los últimos tres meses, en los Estados Unidos, más de 2,800 personas no hondureñas vieron sus casos de asilo terminados sin una audiencia, y recibieron órdenes de expulsión hacia Honduras.
Las y los defensores de derechos humanos enfatizaron que estas políticas no solo impactan la salud física y psicológica de las personas —exponiéndolas a secuestros, violaciones y tortura— sino que erosionan los cimientos del derecho internacional. Al trasladar de forma forzada a personas hacia lugares donde no tienen vínculos sociales ni familiares. Los Estados involucrados están incumpliendo con el principio de no devolución y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“El traslado de personas que huyen de la violencia hacia lugares donde sus vidas vuelven a estar en riesgo es una política que atenta contra la dignidad humana y socava el orden jurídico internacional”, sentenciaron las organizaciones.
Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones hicieron un llamado urgente a las y los comisionados, al Relator Especial de las Naciones Unidas y al Representante Regional del ACNUDH para activar los siguientes mecanismos:
- Documento Técnico y Operativo que especifique las obligaciones en materia de derechos humanos de los países del hemisferio que han suscrito estos acuerdos y los obligue a rendir cuentas, evitando que las “ficciones legales” sirvan para evadir responsabilidades.
- Opinión Consultiva. Solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una interpretación vinculante sobre la legalidad de estas expulsiones a la luz de la Convención Americana, garantizando la participación de la sociedad civil en la formulación de las preguntas.
- Monitoreo directo. La realización de visitas in situ para supervisar las condiciones de detención y garantizar que no se sigan produciendo devoluciones en cadena hacia países donde la vida de las personas migrantes corre peligro.
Es imperativo el desmantelamiento de estas prácticas de externalización. La protección de los derechos humanos no puede estar sujeta a negociaciones políticas bilaterales; los Estados deben volver a los estándares internacionales que garantizan la vida y la integridad de quienes buscan protección internacional.
“Ningún derecho a la soberanía permite torturar a una persona ni quitarle su dignidad…En el nombre de la soberanía, ningún país puede torturar, violar la dignidad, separar a las familias…Cuando todo esto pase, cada una de nosotras va a tener que preguntarse…: qué hizo para evitar que las personas migrantes y con necesidades de protección internacional sean tratadas como animales…”, Comisionada Andrea Pochak.
