En el contexto de la actual negociación del gobierno mexicano con la administración de Donald Trump para evitar la imposición de medidas arancelarias, donde se ha manejado la implementación de un acuerdo de tercer país seguro, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) presenta el informe “México no es un Tercer País Seguro. Cómo la administración de Donald Trump busca eludir la ley estadounidense que garantiza la protección de personas solicitantes de asilo”, un análisis que demuestra los intentos del gobierno de Estados Unidos de evadir sus responsabilidades internacionales y transferirlas bajo presión al Estado mexicano, poniendo en riesgo los derechos de las personas con necesidades de protección internacional que atraviesan nuestro país.
El documento expone cómo la administración de Donald Trump, a través de presiones políticas y medidas económicas, busca convertir a México en un tercer país seguro, mediante un acuerdo formal. Esto permitiría a su gobierno enviar a las personas solicitantes de asilo a territorio mexicano a solicitar protección aquí. Esta medida, que busca trasladar al gobierno mexicano la responsabilidad de acoger y procesar solicitudes de asilo de personas que hubieran entrado a territorio estadounidense a través de México, permitiría al gobierno de Estados Unidos eludir sus responsabilidades legales de garantizar el acceso al proceso de asilo, independientemente de la forma de entrada al país.
Tras la toma de posesión de Donald Trump como presidente de EUA, el 20 de enero de 2025, ordenó al Departamento de Estado, a la procuradora general y al Departamento de Seguridad Nacional firmar acuerdos de tercer país seguro con el fin de disuadir la migración hacia su país. Este tipo de presión no es nueva. En 2019, durante su administración anterior, intentó implementar una medida similar, sin embargo, el gobierno mexicano, con el respaldo del Senado de la República, rechazó la propuesta, aludiendo que México no cumple con las condiciones necesarias para ser considerado un tercer país seguro.
México, como nación soberana, tiene el derecho y el deber de tomar sus propias decisiones en torno a su política migratoria y de asilo, siempre respetando los derechos humanos y garantizando la dignidad de todas las personas. El gobierno mexicano no debe ceder ante las presiones de gobiernos extranjeros ni ser cómplice de una política que ha demostrado ser deshumanizante, ineficaz y peligrosa para las personas solicitantes de asilo. Al asumir una carga que no le corresponde estaría incumpliendo con sus obligaciones internacionales, ignorando nuestra propia legislación, y la tradición que nos ha llevado a ser una nación que históricamente ha recibido y acogido a quienes huyen de situaciones de guerra o persecución.
Organizaciones internacionales como Human Rights First y Women ‘s Refugee Commission han alertado sobre los graves riesgos que enfrentan las personas con necesidades de protección internacional en México, incluyendo violencia, abusos por parte del crimen organizado, y corrupción de las autoridades migratorias. Las personas en tránsito, especialmente mujeres, niñas, niños, adolescentes y población de la diversidad sexual se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, expuestas a secuestros, desapariciones forzadas, agresiones sexuales y trata de personas.
La solución radica en trabajar de manera conjunta entre los Estados de la región, creando un sistema regional de protección que considere las realidades y necesidades de todas las personas e involucre a todos los países del Continente Americano. Las soluciones a largo plazo deben pasar por la cooperación y la solidaridad entre los países de la región, no por el aislamiento o la subcontratación de responsabilidades a otros.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en los últimos 3 años se han recibido más de 300 mil solicitudes de asilo, 4 de cada 10 son de mujeres. Estos números reflejan la creciente necesidad de México de fortalecer su propio sistema de asilo, no de subordinarse a un modelo de protección internacional impuesto desde fuera, que ignora las realidades y contextos que enfrentan las personas en movilidad.
El gobierno mexicano tiene la oportunidad de dar un paso adelante, mostrando liderazgo en el ámbito regional, defendiendo sus principios de justicia y solidaridad, y garantizando sus obligaciones de protección internacional. El IMUMI hace un llamado al gobierno mexicano a no dar un paso atrás ante las presiones de convertirse en un tercer país seguro.
