El 14 de marzo fue pública una declaración del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, en el que señala “…he dado instrucciones que…los niños se le quiten a los padres para nosotros tutelar el interés superior que es la niñez…el Estado tiene que tutelar este derecho”, durante la presentación del operativo de Semana Santa en Oaxaca. Una acción, que debe implementarse configuraría un delito por parte de la autoridad migratoria mexicana.
Nosotras organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y sus familias nos pronunciamos ante estas declaraciones. El deber del INM de observar el Interés Superior de la Niñez no le faculta para separar a ninguna niña, niño y adolescente migrante y sujetas de protección internacional de su familia, pero si le faculta y ordena proveerles de una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias como una medida precautoria, canalizar a las personas migrantes a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y notificar a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que sean ellas las que establezcan el Interés Superior y un Plan de Restitución de Derechos.
Es importante recordar al Comisionado del INM que los Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia no están bajo su mando y existen disposiciones en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes encaminados a facultar a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como las únicas responsables de evaluar y determinar el Interés Superior de la Niñez en contextos de movilidad.
El que las familias sean migrantes no faculta al Instituto Nacional de Migración a transgredir el derecho a la vida en familia, sean personas adultas o niñez y adolescencia, mientras que separarlas sí es contrario a la ley. Solo por orden judicial se puede afectar el derecho a la vida en familia. La separación de familias en contextos de migración debe ser una determinación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y como parte de su Interés Superior.
Ellas, las familias, no solo no encuentran una opción de protección en México sino que viven cada día el abuso de cuerpos de seguridad y de la delincuencia organizada, lo que se constata con los más de 13 mil eventos violentos -secuestros, extorsiones, violaciones y la muerte- contra personas regresadas a México, un 98% familias, bajo las políticas “Quédate en México” y Título 42 quienes no han accedido a la justicia, así como la violencia, real y simbólica, contra la población migrante que incluye la burocracia y reticencia del INM en expedir documentos de regular estancia a las personas a fin de favorecer que accedan a un trabajo remunerado o a la educación, entre otras vulneraciones diarias a sus derechos y condiciones de exclusión, discriminación y precariedad que enfrentan.
Si el INM tiene interés en que las familias no se pongan en riesgo al cruzar el Río Bravo se deberían implementar acciones que les permitan realizar cruces seguros por los puertos de entrada, expedir las tarjetas de visitante por razones humanitarias que prevé la ley para niñas, niños y adolescentes y sus familias, combatir la extorsión y el abuso contra las personas migrantes, eliminar la política migratoria de contención que obliga a las familias a transitar por lugares más peligrosos, a subir al lomo de un tráiler, a cruzar por puntos que ponen en riesgo su vida, y a dejar de coadyuvar con las políticas migratorias estadounidenses.
En 2018, cuando la administración de Donald Trump implementó la política “tolerancia cero” que separaba a las familias, las autoridades mexicanas, incluido el poder legislativo, se pronunció llamando al Congreso estadounidense a respetar los derechos humanos de las familias migrantes y que el gobierno mexicano hiciera un llamado enérgico frente a una política inaceptable. Hoy, que el gobierno mexicano, a través del INM, pretende implementar una política similar como una forma de contención migratoria, no solo debemos condenarlo sino tomar todas las medidas necesarias para que ninguna niña, niño o adolescente sea separado de su madre o padre.
De permitir esta acción, como Estado mexicano y sociedad, estaríamos avalando y encubriendo una violación a derechos humanos, tenemos evidencia del impacto que tiene en las familias estas políticas, lo presenciamos en 2018 y hoy siguen los estragos de esas separaciones familiares en Estados Unidos. Nada justifica que se coloque una política migratoria de contención por encima del bienestar emocional de las familias, la niñez y la adolescencia.