Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) expresamos nuestra más profunda indignación, dolor y rabia ante la muerte de dos niñas de nacionalidad haitiana al interior del Centro de Asistencia Social de tránsito “Casa Pato”, administrado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado de Oaxaca.
Las niñas en situación de movilidad humana son sujetas de derechos y el Estado mexicano, a través del DIF, tiene la obligación legal, moral e internacional de garantizar su vida, integridad y seguridad. El lugar que debía ser un refugio seguro para ellas y su madre se convirtió en el escenario de una tragedia prevenible. El hecho de que hayan caído en una cisterna sin restricción de acceso y sin la vigilancia adecuada- además de haber sido encontradas posteriormente al interior de una fosa séptica-, no es un accidente: es una negligencia institucional y una omisión de cuidados.
Las mujeres y las niñas haitianas que transitan por México enfrentan múltiples fronteras de exclusión, discriminación interseccional y racismo institucional. Ser mujer, ser niña, ser afrodescendiente y ser migrante en México a menudo significa ser relegada a espacios precarios e inseguros que el propio Estado legitima bajo la figura de “albergues”.
La política migratoria y el sistema de asistencia social no pueden seguir operando bajo condiciones de precariedad que cuestan vidas. Las niñas migrantes no deben ser víctimas de un sistema que promete protección y entrega abandono.
Ante estos hechos, desde el IMUMI llamamos a:
- Una investigación exhaustiva, pronta y transparente. A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca demandamos una investigación rigurosa que determine las responsabilidades penales y administrativas por omisión de cuidados y negligencia criminal de las autoridades y personal a cargo del albergue “Casa Pato”. La investigación debe incorporar perspectiva de niñez, de género y antirracista.
- Atención integral y reparación del daño a la madre. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las autoridades estatales, demandamos garantizar acompañamiento psicosocial, médico, asesoría jurídica gratuita, servicios de traducción al creole haitiano y la reparación integral del daño para la madre de las niñas, evitando en todo momento su revictimización o criminalización.
- Revisión urgente de los espacios de acogida. Al Sistema Nacional DIF y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes pedimos una inspección inmediata y exhaustiva de todos los Centros de Asistencia Social del país para asegurar que cumplan con los estándares internacionales de habitabilidad, seguridad y dignidad. Ninguna niña debe estar en un espacio que represente un riesgo para su vida.
- Garantías de no repetición. Exhortamos al Estado mexicano a que asuma su responsabilidad y deje de administrar la migración desde un enfoque de contención y negligencia, priorizando verdaderas políticas de cuidados y protección integral para las familias transnacionales.
Este no es el primer caso en que una niña muere bajo custodia del Estado mexicano. En mayo de 2019, una niña de origen guatemalteco murió bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, en la estación migratoria de la Ciudad de México “Las Agujas”, por negligencia médica del doctor de la estación migratoria. Hasta la fecha, casi 7 años después, la madre sigue sin recibir reparación integral del daño. En IMUMI nos solidarizamos profundamente con la madre de las niñas y con la comunidad haitiana en México. Acompañamos su dolor y nos sumamos al reclamo por la verdad. Migrar no debe costar la vida, y buscar protección no debe significar la muerte.
