El documento “Tejido migratorio: Mecanismos regionales para una gobernanza migratoria con enfoque de género en el Norte de Centroamérica y México”, elaborado por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM), evidencia como la incorporación de la perspectiva de género e interseccionalidad en los mecanismos regionales permanece fragmentada, limitada al plano discursivo y bajo un riesgo inminente de retroceso debido a recortes financieros y resistencias políticas.
El diagnóstico analiza el desempeño y articulación de los siete principales mecanismos regionales: la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), el Proceso de Quito, Cartagena+40, la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA (CAM) y la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM), los cuales carecen de canales formales de diálogo con mecanismos de gobernanza de género como la Conferencia Regional de las Mujeres, la Comisión de la Mujer de la OEA, entre otras. Esta fragmentación institucional contribuye a reproducir la desatención hacia las poblaciones más vulnerables, operando desde lo que el informe denomina una “apropiación retórica de la interseccionalidad”.
El documento identifica una paradoja central: la proliferación de foros multilaterales coexiste con la ausencia de canales formales de articulación entre sus secretarías técnicas. La coordinación ocurre de manera informal y de facto, mediada casi exclusivamente por organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Si bien esto aporta estabilidad técnica, genera una vulnerabilidad crítica ante los drásticos recortes a la cooperación internacional.
Un ejemplo alarmante se registra en México, donde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 no contempló partidas específicas para mujeres en contextos de movilidad y aplicó un recorte del 10% a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), obligandola a depender entre un 70% y un 80% de fondos aportados por el ACNUR. Asimismo, recortes en la cooperación internacional provocaron en 2025 un desabastecimiento de insumos de salud sexual en centros fronterizos y la pérdida de bases de datos estatales sobre personas migrantes desaparecidas en Guatemala por falta de pago de la plataforma digital.
La investigación demuestra que los sistemas de protección contra la violencia basada en género subordinan la atención al estatus migratorio de las personas. En El Salvador, aunque la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres consagra la protección universal, en la práctica se exige regularización migratoria para acceder a servicios de atención. En Honduras, se imponen estándares probatorios desproporcionados para denunciar agresiones sufridas en la ruta migratoria, descalificando los testimonios de las sobrevivientes. Y en Guatemala y México, persisten barreras culturales, idiomáticas y de discriminación que restringen la atención en salud y refugios, aun cuando las normas nacionales reconocen formalmente el acceso universal.
El informe alerta sobre el incremento de resistencias políticas explícitas en espacios multilaterales. En 2024, durante las negociaciones de Cartagena+40, delegaciones de países como Argentina y El Salvador manifestaron una oposición abierta al uso del término “género” en las declaraciones finales, buscando eliminarlo o acotarlo a formulaciones neutras que erosionan los estándares de protección internacional.
A pesar de las brechas, el estudio destaca modelos eficaces como el programa Ciudad Mujer en Honduras (con 10 centros de atención integral), los Lineamientos para programas locales de violencia basada en género del Equipo Técnico del MIRPS (implementados en 16 municipios receptores), la propuesta del protocolo contra la violencia sexual de la CIM/OEA en Panamá, y las articulaciones de la sociedad civil como la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración y la Red Regional de Protección.
Finalmente, el documento recomienda cinco ejes estratégicos para incorporar la interseccionalidad en la práctica y no solo en papel: 1. elaborar planes de trabajo conjuntos y consolidar la Red de Puntos Focales de Género; 2. realizar estrategias de incidencia basadas en evidencia; 3. crear registros nacionales unificados sobre violencia basada en género en contextos de movilidad con presupuestos estatales permanentes; 4. asignar fondos directos a municipios fronterizos y desplegar equipos consulares transnacionales especializados; y 5. establecer partidas presupuestarias nacionales protegidas y fondos de transición estatal ante recortes externos.
La gobernanza y el multilateralismo son fundamentales para abordar, de manera horizontal y multiactor, las brechas en el acceso a los derechos de las mujeres y promover soluciones coordinadas y sostenibles.
