Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EUA), el 5 de noviembre de 2024, se prevé que su administración presione al gobierno mexicano, como ya lo ha hecho antes, para firmar un Acuerdo de Tercer País Seguro (TPS), lo que le permitiría regresar a México a las personas solicitantes de asilo no mexicanas que busquen
protección en territorio estadounidense.
En una de sus primeras órdenes ejecutivas, Securing Our Borders (Asegurando nuestras fronteras), el presidente Trump ordenó al Departamento de Estado, a la procuradora general y al Departamento de Seguridad Nacional firmar acuerdos de tercer país seguro con el fin de disuadir la migración hacia Estados Unidos.
El primer intento de esta naturaleza, por parte del mandatario estadounidense, se llevó a cabo en su administración anterior. El 7 de junio de 2019, Estados Unidos y México emitieron una declaración conjunta con el fin de evitar la imposición de aranceles por parte de EUA. En ese acuerdo, el gobierno mexicano se comprometió, entre otras acciones, a aplicar medidas para reducir significativamente, en un plazo de 45 días, el número de personas migrantes y solicitantes de asilo que intentaban llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
Ese mismo día se firmó un acuerdo adicional que establecía que si el presidente Trump consideraba insuficientes las acciones de México para disminuir el flujo migratorio, ambas naciones dispondrían de otros 45 días para desarrollar un acuerdo binacional que permitiría el retorno de las personas que hubieran cruzado el territorio mexicano. En la práctica, esto implicaría la implementación de un Acuerdo de Tercer País Seguro.
En ese contexto, el 7 de agosto de 2019, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) realizó una sesión informativa con la LXIV Legislatura del Senado sobre el “Marco Regulatorio Estadounidense en Materia Migratoria”; en ella, hizo énfasis en los motivos por los cuales no debería firmarse un Acuerdo de Tercer País Seguro entre México y Estados Unidos. Días después, el entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, solicitó al Senado conocer la postura de distintos grupos parlamentarios sobre el tema.