La publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) en diciembre de 2014 representó un cambio relevante en la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia en México. Con esta ley se crea el Sistema de Protección Integral, a nivel nacional, estatal y municipal, como instancia “encargada de establecer instrumentos,
políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”; se regulan los Centros de Asistencia Social (cas), y se crean las Procuradurías
de Protección, a nivel nacional, estatal y municipal, como instancias encargadas de la protección especial y restitución de los derechos de la infancia y la adolescencia cuando estos han sido vulnerados.
Uno de los principales desafíos para el cumplimiento de la Ley General es que todos los operadores de los mecanismos de protección especial conozcan y tengan herramientas prácticas para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Desde el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNdif) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal, estatal y municipal se podrán expedir protocolos y lineamientos para las poblaciones específicas de las diversas infancias que les corresponde atender.