El contexto de violencia en distintos países de América Latina y el Caribe propició en años recientes un aumento significativo en el número de personas que deciden dejar su lugar de origen para alejarse de la inseguridad, incertidumbre y miedo generado primordialmente por grupos delincuenciales y pandillas; asimismo por los problemas económicos, políticos y sociales que imperan en sus países y que apuntan a seguir propiciando el incremento de la migración (Moreno Villas, 2022). Lo anterior, se trata de un desplazamiento de personas que continuará en ascenso luego de la finalización de las restricciones impuestas por los países en el contexto de la pandemia por covid-19 (González Arias y Araluce, 2021)
Ante este panorama, cruzar las fronteras para llegar a México, más allá de ser una solución a las problemáticas mencionadas, ha sido una continuación de ese sufrimiento, desesperación y ansiedad generada por la incertidumbre en el que algunas mujeres desarrollan sus trayectos migratorios (Cook Heffron, 2019; Landeros Jaime, 2021b), más para quienes en el interior del país deben continuar con su desplazamiento para evitar ser localizadas por sus agresores.