El marco de políticas en el que se desarrolla la movilidad de las mujeres interviene en el resultado de la migración. Si bien la política migratoria puede promover la autonomía de las mujeres y así contribuir a generar desarrollo, gobernanza y paz, también puede profundizar los patrones de desigualdad (Martínez Pizarro, 2008). Por lo tanto, regular el trabajo de las mujeres migrantes, así como garantizar sus derechos de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos es un tema de igualdad y de eficiencia, clave en todos los aspectos del desarrollo (UNIFEM, 2005; Global Forum on Migration and Development, 2011). Para este propósito, se usará la definición de la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares (CTM), que en su artículo 2 define a la persona trabajadora migrante como aquella que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no es nacional. En tal sentido, el presente estudio se enfoca en el rol de México como país de destino, y de manera particular el rol de Chipas como uno de los principales estados receptor de población migrante en la frontera sur.