- Servicios centralizados; falta de infraestructura; ausencia de pertinencia cultural; restricción de derechos sexuales y reproductivos; escasez de recursos financieros estatales; y datos deficientes, son algunos de los desafíos del Estado guatemalteco.
- Violencia económica, institucional, comunitaria y familiar se repiten en el ciclo de vida de las mujeres, las impulsa a migrar y las recibe a su retorno.
Esquipulas, Departamento de Chiquimula, Guatemala, 22 de mayo de 2026.- En el marco de los recientes cambios en las dinámicas migratorias de la región, la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) presenta el informe “Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en Guatemala”, un documento que detalla el contexto al que se enfrentan las mujeres y personas de la diversidad sexual durante su ciclo migratorio -origen, tránsito y retorno forzado- en Guatemala.
El documento evidencia que el retorno forzado sigue afectando de manera crítica al país y plantea múltiples desafíos para las personas deportadas. Entre 2020 y 2023 fueron retornadas a Guatemala 134,878 personas desde EUA, 31% fueron mujeres. Los departamentos del Altiplano Occidental concentran la mayor proporción de retornos, representando un 55% de la población migrante nacional. A finales de 2025, Huehuetenango encabezaba la lista (18.3%), seguido por San Marcos (13%) y Quiché (10%). Las mujeres retornadas a estas áreas enfrentan el agravante de deudas significativas, carencia de recursos y las mismas condiciones de violencia e inseguridad que motivaron su salida.
A pesar de la existencia de marcos normativos e instituciones, la investigación revela graves deficiencias y retos en su implementación. Se determinó que el programa gubernamental “Plan Retorno al Hogar” carece de perspectiva de género y de medidas específicas para la prevención de la violencia basada en género.
Además, se exponen barreras en el acceso a la salud para las sobrevivientes de violencia basada en género. Las mujeres en situación migratoria irregular desisten de acudir a los centros de salud por temor a ser deportadas; y las limitaciones del marco legal guatemalteco en materia de interrupción del embarazo generan condiciones de vulnerabilidad, en especial para aquellas migrantes que han sido víctimas de violencia sexual durante el tránsito.
El informe muestra como el tránsito no representa simplemente un desplazamiento geográfico, sino un período prolongado de exposición a violencias sistemáticas que dejan profundas huellas físicas y psicológicas, pues las rutas se transforman en territorios hostiles y la violencia sexual emerge como un arma de control.
A su retorno, la situación no mejora; las mujeres enfrentan violencia institucional originada por la complejidad burocrática de los procesos judiciales y la excesiva centralización de los centros de atención a personas retornadas.
El análisis hace un llamado urgente al Estado guatemalteco para transformar las respuestas institucionales. Entre las principales recomendaciones destacan:
- Crear centros de retorno y unidades de atención a nivel departamental, especialmente en áreas rurales como Huehuetenango y San Marcos, para reducir los desplazamientos y costos de las mujeres migrantes.
- Implementar campañas de sensibilización para informar que los servicios de salud y atención a la violencia basada en género se brindan sin discriminación por condición migratoria, a fin de eliminar el temor de buscar ayuda.
- Implementar un registro integrado y único de casos de violencia basada en género que permita consolidar datos con variables desagregadas por sexo, edad y situación migratoria.
El Estado guatemalteco tiene una deuda histórica con las mujeres migrantes y retornadas. La movilidad humana no debe ser una condena a la violencia, ni el retorno debe significar un ciclo de revictimización y abandono. Este informe no es solo un diagnóstico, es un ultimátum: es imperativo que las políticas públicas pasen del papel a la acción real. Garantizar que cada mujer, sin importar su estatus migratorio, encuentre en su país la protección, justicia y dignidad que se le ha negado en las fronteras, no es una opción, es una obligación ineludible.
Una investigación similar se realizó en El Salvador, Honduras y México.
