Las mujeres que migran, son desplazadas, solicitan protección internacional o retornan a El Salvador enfrentan múltiples formas de violencia y obstáculos para acceder a servicios de protección, justicia, salud y reintegración, según el informe “Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en El Salvador”, presentado públicamente hoy por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) en la Universidad Centroamericana José Simeón Cabañas.
La investigación, realizada entre julio y octubre de 2025, analiza el marco jurídico y las políticas públicas salvadoreñas, así como testimonios y experiencias de mujeres y aportes de organizaciones de la sociedad civil. El documento identifica una brecha entre el reconocimiento formal de derechos y su implementación efectiva, particularmente para mujeres migrantes, retornadas y desplazadas por violencia.
Uno de los principales hallazgos es que la violencia no termina cuando una mujer sale de su comunidad, cruza una frontera o regresa al país. Por el contrario, puede reproducirse durante las distintas etapas de la movilidad, a través de violencia sexual, física, económica e institucional, así como enfrentar: discriminación, estigmatización y dificultades para acceder a mecanismos seguros de denuncia y atención. El reto principal sigue siendo traducir los marcos normativos existentes en acciones concretas, sostenibles y culturalmente pertinentes que protejan la dignidad y los derechos de quienes enfrentan múltiples formas de violencia en contextos de movilidad.
El análisis reconoce que El Salvador cuenta con instrumentos legales relevantes, entre ellos la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, La Ley contra la trata de personas y otros protocolos y disposiciones orientados a la protección. Sin embargo, señala que, persisten desafíos relacionados con la fragmentación institucional, la falta de presupuesto específico, la limitada coordinación interinstitucional, la ausencia de datos desagregados y la falta de rutas de atención claras y accesibles.
También advierte que el retorno puede convertirse en una nueva etapa de vulnerabilidad, ya que las mujeres pueden encontrarse nuevamente con las condiciones que motivaron su salida, además de enfrentar precariedad laboral y habitacional, estigma asociado a la migración, discriminación y dificultades para acceder a atención psicosocial, salud sexual y reproductiva y justicia.
Durante 2024, El Salvador recibió oficialmente 15,003 personas retornadas, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones, mientras que en el mismo año, las mujeres representaron el 29% de las 12,873 deportaciones registradas.
La investigación destaca el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil y las redes comunitarias en el acompañamiento de mujeres migrantes, retornadas y desplazadas. De acuerdo con las entrevistas realizadas, algunas instituciones públicas derivan casos hacia las organizaciones debido a limitaciones de presupuesto, personal capacitado o recursos. Estas organizaciones terminan asumiendo procesos de atención y acompañamiento con recursos limitados y sin mecanismos suficientes de articulación y seguimiento, por lo que estas redes requieren reconocimiento institucional, financiamiento sostenido y coordinación intersectorial, de manera que la protección de las mujeres no dependa de la capacidad de respuesta de estas organizaciones.
La investigación propone una serie de recomendaciones estratégicas dirigidas al Estado salvadoreño para el diseño e implementación de programas de reintegración para mujeres retornadas que garanticen el acceso a empleo digno, vivienda, educación y atención psicosocial; la garantía en la atención en salud integral, asegurando servicios confidenciales y libres de discriminación; incorporación, en todas las políticas públicas, de un enfoque interseccional, el cual reconozca y atienda las necesidades específicas de las diversas :mujeres jóvenes, rurales, en situación de pobreza, con identidades trans, y con discapacidad; y el fortalecimiento de las redes comunitarias y organizaciones de la sociedad civil a través de financiamiento sostenible y una articulación efectiva con el sistema de protección estatal. Para la RMMSyM atender esta realidad requiere pasar de respuestas fragmentadas a políticas públicas coordinadas, sostenibles y centradas en garantizar y proteger los derechos, la dignidad y las necesidades específicas de las mujeres, reconociendo el papel fundamental de las organizaciones y las redes comunitarias en el país.
