El pasado 24 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó a favor de que la Guardia Nacional (GN) siga realizando labores de control migratorio, junto al Instituto Nacional de Migración (INM), al ratificar la constitucionalidad del artículo 9, fracción XXXV, de la Ley de la Guardia Nacional que faculta a sus elementos a auxiliar al INM en la inspección de documentación de personas migrantes, el resguardo de las estaciones migratorias y en la detención de personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
En México, desde 2008, se despenalizó la migración irregular, es decir, migrar sin documentos es una falta administrativa no un delito, por lo que al mantener a la Guardia Nacional en labores migratorias, no solo se avaló la militarización de la migración y transgredió el derecho internacional, sino que coloca en el mismo nivel a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional y a quienes cometen un delito, criminalizando la migración irregular, además de contribuir, indirectamente, al ambiente de xenofobia que impera en el país.
Si militarizar la seguridad pública no ha sido la respuesta, como lo demuestran las más de mil 500 denuncias por violaciones a derechos por parte del Ejército y la Guardia Nacional, y casos emblemáticos como el de Ernestina Asencio, mujer indígena de 73 años que fue torturada sexualmente por militares en Veracruz; o el homicidio de Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato a manos de la Guardia Nacional; hacerlo con la migración solo ha incrementado las violencias -desapariciones forzadas, secuestros, extorsión, corrupción, discriminación racial y accidentes- que viven las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, especialmente quienes están en condiciones de vulnerabilidad por razones de género, obligándolas a viajar por rutas clandestinas que ponen en riesgo su vida, como lo ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el informe “Bajo la Bota” que expone las consecuencias de militarizar la migración a través de testimonios y solicitudes de acceso a la información. En el informe se puede leer como las mujeres migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas han sido víctimas de violación sexual, acoso e intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional sin que exista una reparación y acceso a la justicia.
En su resolución, la SCJN establece que la Guardia Nacional auxiliará al INM en labores de contención migratoria a petición de las autoridades migratorias, sin embargo, contraviene la sentencia de mayo 2022 que declaró la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias al interior
del país por ser una medida desproporcional, dicriminatoria y racista, por lo que la GN no puede auxiliar al Instituto Nacional de Migración a realizar una actividad inconstitucional. ¿Cómo pueden hoy, las y los ministros, avalar la participación de la GN en una acción que ellos mismo declararon inconstitucional?
Desde la publicación de la Ley de la Guardia Nacional, 2019, las organizaciones de la sociedad civil hemos litigado y alzado la voz contra lo establecido en su artículo 9, fracción XXXV, toda vez que convierte a la GN en agentes migratorios. Para junio de ese mismo año, y tras el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, se desplegaron 21 mil elementos de la GN a las fronteras sur y norte del país para realizar labores de control migratorio, desde entonces no sólo se han documentado diversas violencias ejercidas contra las personas migrantes, derivando en más de 600 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino que militares y exmilitares han sido colocados en puestos clave dentro del INM, como el contraalmirante Salvador González Guerrero, jefe de la delegación de Migración en Chihuahua -aprendido hace unos días por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Al cierre del 2021, de las 32 delegaciones estatales del INM, 19 estaban bajo el cargo de personal con formación militar, un resultado de la gestión de Francisco Garduño al frente del Instituto, actualmente uno de los principales responsables de la muerte de los migrantes en Juárez.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional hemos trabajado para frenar acciones que criminalizan a esta población, litigando contra políticas migratorias de contención que ponen por encima de la protección de las personas su detención y deportación, por lo que seguiremos litigando hasta que el poder judicial reconozca que equiparar a la migración con un delito fomenta un ambiente de rechazo y criminaliza la búsqueda de mejores condiciones de vida y la necesidad de protección internacional.
