Desde hace más de diez años, la discusión sobre los flujos migratorios hacia México ha estado presente en el debate público; se intensificó a raíz de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, y del reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre secuestros de personas migrantes de 2011, así como de diversos reportes de organizaciones de la sociedad civil. Derivado de lo anterior, se llevó a cabo una serie de cambios en el marco jurídico mexicano, como la aprobación de la Ley de Migración y su Reglamento; la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y las reformas constitucionales en materia migratoria y de asilo.6 No obstante, como suele suceder con los temas coyunturales, las nuevas emergencias fueron tomando prioridad.
Sin embargo, a raíz del triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos en 2016, el tema migratorio volvió a colocarse en la discusión pública. Asimismo, los fenómenos de las “caravanas” de personas migrantes centroamericanas contribuyeron a que medios de comunicación y candidatos políticos retomaran el tema dentro de la agenda. En ese contexto electoral, Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno sería uno abierto a la migración internacional y solidario con las personas centroamericanas. De hecho, en enero de 2019, Olga Sánchez Cordero, como secretaria de Gobernación, afirmó que México estaba cambiando su política migratoria y refrendó el compromiso con la continua entrega de Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias9 e incluso planteó la posibilidad de eliminar la detención migratoria.