En los últimos años el Estado mexicano ha impulsado diversos acuerdos internacionales y regionales que buscan una migración segura, ordenada y humana, como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, aunado al marco internacional y nacional sobre migración y asilo. Sin embargo, su política migratoria y las acciones derivadas de la misma están encaminadas a la contención y la criminalización de la migración, alejándose de los compromisos asumidos en los Pactos y marcos internacionales.
En México, históricamente la política migratoria era responsabilidad de la Secretaría de Gobernación ejecutada a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), sin embargo, a partir de este sexenio es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a base de comunicados de prensa que se han publicado los acuerdos que el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense han negociado, casi siempre de forma discrecional. En ningún acuerdo bilateral, las personas en movilidad en México se han visto beneficiadas, por el contrario, el costo ha sido más limitaciones a la movilidad y a la búsqueda de protección internacional. En 2022, rumbó a la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles y la IX Cumbre de las Américas, México anunció acciones y estrategias, como la ampliación de programas de visas hacia México, incremento del número de personas reconocidas como refugiadas y programas para el desarrollo -algunos implementados ya desde hace más de una década, así como participación en varias políticas del gobierno de Estados Unidos, como expulsiones bajo Título 42 y Título 8, parole, CBP One y veto de asilo.