Estado mexicano condenó a las mujeres migrantes venezolanas a transitar rutas más peligrosas

Ciudad de México, 08 de diciembre de 2022.- En enero de 2022 el Estado mexicano anunció que las personas venezolanas que quieran ingresar a México deben contar con una visa. De un día para otro las posibilidades de un tránsito con menos riesgos desaparecieron. La medida obligó a pasar de un viaje de unas horas a más de 30 días, a través de 7 países, con la violencia respirando a su lado.

La imposición de una visa no fue una medida improvisada, sino una respuesta al número de eventos de detención migratoria de personas venezolanas que estaba registrando la patrulla fronteriza estadounidense. De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en 2021 se registraron más de 108 mil 486 eventos de detención, 3800% más que en 2020.

En México se pasó de 133 mil 366 ingresos vía aérea de personas venezolanas, de enero a octubre de 2021, a 71 mil 873 en el mismo periodo de 2022; mientras que vía terrestre incrementaron los eventos de detención más de 1000%. En 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, se registraron 4 mil 360 eventos de detención de esa población (38% mujeres y niñas), y hasta septiembre de 2022 se han registrado 50 mil 780 eventos de detención (27% mujeres y niñas). Mientras que las solicitudes de asilo pasaron de 6 mil 133 en 2021 a 8 mil 665 hasta agosto de 2022, con una tasa de reconocimiento de más del 90%, lo que significa que este gobierno reconoce que la población venezolana tiene necesidades de protección internacional, aun así, minó su camino.

En el texto “La política migratoria de la región y el impacto en la población venezolana, ¿marco de protección o detonante de riesgos?”, elaborado por Women’s Refugee Commission (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), evidencian, a través de datos estadísticos, como la imposición de visas a personas de Venezuela, las expulsiones bajo Título 42 y el parole humanitario conforman políticas que ponen en riesgo a las personas con necesidades de protección internacional, obstaculizado su derecho al libre tránsito, al asilo, a la integridad personal y a una vida libre de violencias.

La historia de Ana, una mujer venezolana, retrata cómo la imposición de una visa la orilló a recorrer rutas más complejas. Aunque tenía un boleto de avión para viajar a México en enero de 2022, el nuevo requisito ya no se lo permitió. Decidió emprender el viaje vía terrestre. Cruzó la selva del Darién y 7 países. Vivió extorsiones por parte de autoridades mexicanas. El 10 de octubre se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos, fue detenida y posteriormente expulsada a México por el nuevo acuerdo bilateral entre la administración Biden y Obrador. Aplicó al parole humanitario. El 7 de noviembre de 2022, Ana subió a un avión con una hoja que decía: “TRAVEL AUTHORIZED”, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Ana no entiende por qué los gobiernos generan políticas que las condenan a contextos de violencias. “No sé cómo entender esto. Soy la misma persona, con la misma historia y necesidad de protección que hace dos semanas cuando traté de pedir asilo en El Paso, Texas”.