Termina “Quédate en México”, protocolo que violó derechos de solicitantes de asilo

  • Contrario a la Constitución mexicana, a los compromisos asumidos internacionalmente, al debido proceso y a la seguridad de las personas.

Ciudad de México, 09 de agosto de 2022.- Ayer, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un comunicado en el que anuncia el fin del Protocolo “Quédate en México”, también conocido como Migrant Protection Protocols (MPP), luego de 8 meses de haberse reestablecido y de haber devuelto a México a esperar sus procesos a más de 5 mil solicitantes de asilo estadounidense.

MPP fue un protocolo establecido el 20 de diciembre de 2018 por la administración de Donald Trump y avalado por el gobierno de López Obrador. En enero de 2019 comienza en función y hasta diciembre de 2020 se regresó a más de 72 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus procesos ante las cortes estadounidenses del lado mexicano. En enero de 2021, Biden firmó una orden ejecutiva para poner fin a esa política al reconocer que es inhumana y violatoria de derechos, cerrándolo formalmente en junio de 2021. En agosto de ese año la Corte Suprema de ese país ordenó el restablecimiento de la política y vuelve a ponerse en función el 6 de diciembre de 2021. 

La vigencia de MPP significaba para la población con necesidades de protección ser regresada a un país donde su vida corre peligro, donde no se sienten seguras, y no contar con representación legal que les permitiera pelear mejor sus casos. Durante los dos primeros años que “Quédate en México” estuvo activo, 95% de las más de 72 mil personas puesta en ese protocolo no pudieron acceder a una abogada o abogado, lo que significó que solo el 1% pudieran ganar sus casos, mientras que a partir de su reinstalación solo el 0.53% de todos los casos abiertos han podido acceder al asilo en Estados Unidos.

Al tiempo, las organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos han documentado como “Quédate en México” no solo va en contra de las legislaciones nacionales e internacionales sino que permitió que esa población fuera objeto de violaciones, secuestros, extorsiones y diversos actos violentos -incluso la muerte-, a manos del crimen organizado, autoridades migratorias mexicanas y policías de diferentes niveles de México. Además de obligar a la población a vivir en campamentos improvisados, algunos por más de 2 años, y con impactos incuantificables en su salud mental y emocional. 

En México, la administración de López Obrador tuvo la oportunidad de negarse a seguir colaborando en esa política por ser contraria a nuestra Constitución, no obstante, la complicidad continuó. Incluso, en agosto de 2021 durante el fallo de la Corte estadounidense esta señaló que si México no participaba en la reinstalación de MPP, este no podría llevarse a cabo pues la  colaboración del gobierno mexicano era fundamental. La Secretaría de Relaciones Exteriores aceptó participar aún con evidencia de la violencia que eso significaba para la población con necesidades de protección internacional. Como sociedad civil, desde 2019 tenemos un amparo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la participación del gobierno mexicano en políticas como “Quédate en México” que violan el debido proceso y el principio de no devolución, y en diciembre de 2020 interpusimos una denuncia ante la Fiscalía General de la República para la investigación de los más de mil 300 eventos violentos en México contra la población puesta bajo MPP. A la fecha no hay respuesta de ninguna de las dos acciones. 

“Esperamos que esta vez no haya un revés a esta acción por parte de los tribunales estadounidenses o las administraciones de México y Estados Unidos. Los gobiernos no pueden seguir jugando con las necesidades de protección de las personas, en específico de las mujeres y la niñez. Escapar de la violencia de género no puede costar la vida a las mujeres y a la niñez o revictimizarlas al colocarlas en contextos de riesgo por una política que viola sus derechos fundamentales, las legislaciones nacionales y los compromisos internacionales de los países”, Gretchen Kuhner, directora, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).

Llamamos al gobierno de Estados Unidos a facilitar el ingreso de las personas solicitantes de asilo puestas bajo MPP lo antes posible, a generar mecanismos para que aquellas que estuvieron puestas en esta política durante la primera fase puedan acceder a sus procesos sin importar donde se encuentren actualmente; y al gobierno de México a dejar de colaborar en políticas migratorias contrarias a nuestra Constitución que ponen en peligro la vida y salud emocional de las personas con necesidades de protección internacional.