POSICIONAMIENTO OSC’s DE LAS AMÉRICAS. POR ACCIONES CONTINENTALES PARA UNA MIGRACIÓN CON DERECHOS Y DIGNIDAD

A la luz de los cambios en las tendencias migratorias y de los obstáculos para acceder a la protección y a los derechos en los países de origen, tránsito, acogida y retorno durante la última década, nosotras, las organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y América Latina y el Caribe, reconocemos la importancia de que los países de las Américas se unan desde un enfoque coordinado en torno a la migración y la protección de las personas en movilidad basado en principios de derechos humanos. 

Esperamos que la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada por 20 gobiernos en la Novena Cumbre de las Américas, sea más que un documento enunciativo y se convierta en compromisos accionables para defender los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Esto incluye el derecho a solicitar asilo en el país en donde las personas se sientan seguras, el acceso a derechos en todo el proceso migratorio, asumir la responsabilidad compartida de acoger y proteger a las personas en movimiento, a través de una mayor asistencia humanitaria y vías de protección seguras, canales regulares para la migración que trascienda la oferta y demanda laboral, promoviendo vías que sean asequibles para mujeres, hombres, niñez y familias en movilidad, mayor apoyo financiero para la integración de las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida. 

Los derechos humanos también incluyen el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a la protección de las familias, de la niñez, los grupos en exclusión o en mayores riesgos de violaciones a derechos humanos y violencias como las mujeres, la comunidad LGBTI+, los pueblos indígenas  y afrodescendientes. Esto incluye el reconocimiento de los pueblos indígenas mediante la creación de un plan de acceso a la lengua. 

Para que la Declaración no se quede en una simple expresión de buenas intenciones y aspiraciones, los gobiernos de la región deben asegurarse de desarrollar planes de acción con participación de las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil, para cumplir con los compromisos de respeto a los derechos humanos asumidos, con indicadores claros y plazos de cumplimiento, incluyendo la evaluación y seguimiento de los avances en su implementación. Como parte de este proceso, instamos a que se realice una consulta sostenida con las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, en retorno y las comunidades de acogida de las Américas; así como una amplia gama de organizaciones de derechos de las personas migrantes, organizaciones de derechos humanos y organizaciones lideradas por indígenas, incluso la evaluación y monitoreo de los avances en el cumplimiento de sus objetivos.

Si bien reconocemos que la Declaración representa un enfoque más integral de la migración, nos preocupa que los gobiernos sigan centrándose en la cooperación para la contención y la aplicación de políticas de control en las fronteras, y la aplicación de la ley, incluida la falta de mecanismos adicionales de responsabilidad y supervisión, el intercambio de información sin las salvaguardias adecuadas, lo que conlleva riesgos para la privacidad y la vigilancia, y la aplicación de regímenes de visado, que pueden afectar negativamente a las personas que buscan refugio y llevarlas a viajar por rutas más peligrosas. Dada la naturaleza mixta de las tendencias migratorias, y en lugar de enfoques inefectivos y perjudiciales basados en la aplicación de la ley, instamos a los Estados a implementar sistemas de entrada sensibles a la protección que son necesarios para identificar las necesidades de protección, proteger contra la no devolución y garantizar el acceso a los procedimientos de asilo. 

También instamos a los gobiernos a crear iniciativas conjuntas que den prioridad a la lucha contra los delitos y las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes. Poner fin a la violencia contra los migrantes requiere desmilitarizar la aplicación de la ley de inmigración, despenalizar a los migrantes en la política y la retórica política, reducir el uso de la detención y hacer que el Estado, las empresas y los actores criminales rindan cuentas por el daño, la explotación y el abuso de las personas migrantes. Combatir la xenofobia significa desarrollar políticas que prohíban y contrarresten el odio, que reflejen las aportaciones de los propios inmigrantes y refugiados, que apoyen a las comunidades de acogida y que mejoren la integración social y económica mediante el acceso a un estatus legal, a un refugio seguro, a un trabajo digno, a la educación y a la atención sanitaria.

Diversas crisis humanitarias en las Américas requieren una respuesta y un compromiso inmediato. La Declaración es una oportunidad para que los gobiernos reajusten el enfoque regional de la gestión de la migración; reconsideren un marco de responsabilidad compartida; ayuden a fortalecer los sistemas de protección de la migración en todas las Américas; se basen en las buenas prácticas de la región; garanticen que todas las personas tengan derecho a buscar y disfrutar de asilo y otras formas de protección; y que respeten el principio de no devolución.

Organizaciones firmantes

ACCSS, Guatemala

Alianza Americas

Asociación Rumiñahui

Asociación Pop No’j, Guatemala

Asylum Access México (AAMX) A.C

Bloque Latinoamericano sobre Migración 

Central American Resource Center (CARECEN LA)

Center for Democracy in the Americas (CDA)

Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena -CAFAMI A.C.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comunidades Indigena en Liderazgo (CIELO)

Estancia del Migrante González y Martínez 

Encuentros Servicio Jesuita a Migrantes (Perú)

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Hope Border Institute | Instituto Fronterizo Esperanza

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

Latin America Working Group (LAWG)

Latinas en Poder

National Network for Immigrant and Refugee Rights (NNIRR)

Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCIDH)

Oxfam America

Red Jesuita con Migrantes – Latinoamérica y el Caribe (RJM-LAC)

Sin Fronteras, I.A.P.

Washington Office on Latin America (WOLA)

Women’s Refugee Commission