OSC’S piden a Biden, López Obrador y Trudeau abordar preocupaciones sobre los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo

18 de noviembre de 2021

Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau

CC

Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken

Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard

Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly

Estimados Presidente Biden, Presidente López Obrador y Primer Ministro Trudeau:

Nosotras, las organizaciones y redes de organizaciones de la sociedad civil de la región que suscriben la presente, comprometidas con los derechos de las y los solicitantes de asilo y migrantes nos dirigimos a ustedes antes de la realización de la Cumbre de Líderes de América del Norte (NALS, por sus siglas en inglés) para exhortar a sus administraciones a poner en el centro de sus conversaciones una visión regional de la migración, de los derechos humanos y de la protección humanitaria. La cumbre es un foro adecuado para que los tres países trabajen juntos y amplíen las oportunidades de acceso a la protección internacional y crear rutas alternas en la región, sin obstaculizar ni restringir el derecho a solicitar asilo en las fronteras y puertos de entrada. Estos esfuerzos deben complementar las estrategias para resolver las causas de raíz de la migración regional e incluir los derechos humanos, la corrupción y la asistencia dirigida a las organizaciones locales de la sociedad civil dedicadas a atender las necesidades de la niñez, la adolescencia, las mujeres, la población LGBTIQ+, la población afrodescendiente e indígena, así como las necesidades de personas que sufren el impacto del cambio climático.  

Nuestras organizaciones están sumamente preocupadas porque a pesar de los compromisos declarados por sus administraciones para lograr una gestión de migración segura, humana y ordenada que defienda y apoye el respeto de los derechos humanos, las políticas y prácticas migratorias recientes de Estados Unidos y México son muestra de un sistema cruel, ineficiente e ilegal basado en la disuasión que viola y menoscaba el derecho internacional de los derechos de las personas solicitantes de asilo y los derechos humanos. Siguiendo los pasos del expresidente Trump, la administración Biden sigue usando de manera indebida la salud pública como pretexto para continuar con las expulsiones bajo Título 42 del Código de Estados Unidos para obstaculizar ilegalmente a las personas la solicitud de protección en los puertos de entrada y regresarlas a una situación de peligro en México y en sus países de origen, en lugar de permitirles tener acceso a la protección en Estados Unidos. Las organizaciones de la sociedad civil han hecho un seguimiento de más de 7,647 reportes de secuestros y otros delitos violentos contra personas a las que se les bloqueó su derecho a solicitar protección o que fueron expulsadas bajo Título 42, desde el inicio de la administración Biden. En meses recientes, Estados Unidos ha usado varios cientos de vuelos de expulsión para enviar a miles de personas al sur de México, Centroamérica y Haití sin oportunidad de solicitar protección, lo que viola el derecho nacional e internacional. En algunos casos, las expulsiones hicieron que mujeres, hombres y niñez fueran enviadas por la fuerza a situaciones peligrosas e inestables en países que no son sus países de origen o en los que no han estado desde hace años. Tan solo en Haití, aproximadamente 8,500 personas fueron expulsadas en más de 80 vuelos desde finales de septiembre, la mayoría bajo Título 42. Además, casos recientes de abuso y conductas indebidas de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de las autoridades migratorias mexicanas y agentes de seguridad, quienes también han sido acusados, en repetidas ocasiones, de complicidad y de tolerar secuestros y ataques contra la población migrante, resaltan la necesidad urgente de solucionar el racismo institucional y corrupción y de desmilitarizar la política migratoria de la región.

En resumen, aunque las autoridades han expresado que reconocen la necesidad de proteger los derechos humanos y la seguridad de las personas migrantes, todavía no se cumple con esta obligación. Con respecto a las personas de Haití, un enfoque supuestamente orientado hacia los derechos humanos no ha logrado incorporar el derecho a solicitar asilo ni la reparación para las víctimas de violencia. Este enfoque parcial que separa la política exterior de la asistencia humanitaria con respecto a las protecciones para quienes necesitan protección internacional, es común en toda la región. Esto resulta particularmente desalentador viniendo de Estados Unidos, dado el impacto de su antigua intervención extranjera durante décadas en Haití que promovió las causas de raíz que hoy exacerban la crisis migratoria.

La colaboración para proteger a la población migrante sería significativamente más eficaz para solucionar los retos, que las medidas de disuasión engañosas que regresan a las personas a situaciones que las lesionan. Independientemente de las expulsiones masivas y medidas intensificadas, las personas seguirán huyendo de la violencia, inestabilidad política y desastres naturales que se agravaron con el impacto de la pandemia por COVID-19. Como lo reconoció la Organización Internacional para las Migraciones, por ejemplo, las personas originarias de Haití, a quienes regresaron de manera forzada a un país inmerso en una crisis de seguridad y humanitaria, de manera inmediata empezaron a planear “a dónde ir después.” En otras palabras, la disuasión no funciona. Niveles más altos de poblaciones migrantes y solicitantes de protección internacional, incluyendo a personas de países del norte de Centroamérica, Haití, Cuba y Venezuela así como migrantes extracontinentales, representan desafíos para los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales; sin embargo, pueden y deben ser atendidas mediante un marco de protección integral y colaborativo.  

Este marco tiene que empezar por garantizar el acceso a la solicitud de asilo en las fronteras nacionales, de acuerdo con el derecho nacional e internacional. Para lograrlo, la administración Biden tiene que revocar el Título 42 y restaurar el acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos, incluyendo puertos de entrada. Los gobiernos de Estados Unidos y México también deben tomar todos los pasos necesarios para evitar el restablecimiento de la denominada política Protocolo “Quédate en México” o Migrant Protection Protocols (MPP) o Remain in Mexico. No hay manera de hacer que MPP sea seguro, humano y legal, y como lo reconoció el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, “existen problemas inherentes con el programa que ninguna cantidad de recursos puede arreglar con suficiencia.” Por último, los gobiernos de Estados Unidos y México deben centrarse en el fortalecimiento de la protección al asilo y abstenerse de negociar un “tercer país seguro” o un acuerdo similar que requiera que las personas primero soliciten asilo en México antes de solicitar protección en Estados Unidos. Dicho acuerdo, contraproducente, no únicamente fracasaría en el cumplimiento de los marcos jurídicos, sino que estaría condenado a fracasar en el apoyo a las personas en busca de protección internacional.   

Las acciones indispensables para garantizar el respeto de los derechos de las personas migrantes en México incluyen el fortalecimiento del sistema de asilo y la promoción de vías alternas. Se tienen que eliminar las barreras del proceso de solicitud de protección y se necesitan más recursos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) que ha enfrentado falta de personal y recursos desde hace tiempo, a la luz de un crecimiento sin precedentes en las solicitudes de asilo. En México, las y los solicitantes de asilo tienen que permanecer en el estado donde solicitan protección durante todo su proceso, actualmente éste deja atrapadas a la gran mayoría en la ciudad de Tapachula, Chiapas, frontera sur de México, sin importar la falta de capacidad del proceso de asilo mexicano para algunas poblaciones, la falta de insumos para satisfacer sus necesidades básicas mientras esperan el proceso o mientras esperan sus familiares en algún otro sitio.

En el caso de la población haitiana en particular, estos retos se ven agravados por el racismo en contra de la población negra que existe de manera generalizada. Se debe dar mayor atención a un proceso que facilite la integración de las personas reconocidas como refugiadas, vías de regularización laboral y alternativas para las personas migrantes y solicitantes de asilo en México. Las políticas deben incluir mayor acceso a visas de trabajo y humanitarias a través de los consulados mexicanos en Centroamérica, que permitan a las y los solicitantes de asilo esperar su proceso de solicitud en lugares más seguros de México, así como un estatus humanitario temporal expedito que les permita trabajar, tener acceso a servicios de salud y educación durante el proceso de solicitud de asilo. Además, México y otros países de la región, también deben aumentar las soluciones a largo plazo para personas desplazadas internamente, hacer entrevistas individualizadas a todas las y los migrantes en riesgo de ser regresados, como elemento clave de protección contra su devolución y, de manera inmediata, proporcionar a las personas haitianas y a otras migrantes, acceso, sin discriminación, al conjunto completo de sistemas de protección, de acuerdo con la Declaración de Cartagena de 1984.  

También deben existir alternativas regionales de protección en otros países que permitan a la población migrante y solicitante de protección hacerlo en sitios donde se sientan seguras. Estados Unidos y Canadá deben tomar más acciones para aumentar el número de admisiones de asilo provenientes de América Latina y el Caribe, que registra uno de los niveles más bajos de admisiones de cualquier región del mundo. Aunque estamos a favor de los pasos de la administración Biden para reinstalar y expandir la elegibilidad al Programa de Refugiados y Permisos Humanitarios para Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés) y del Acuerdo de Transferencia de Protección (PTA, por sus siglas en inglés) para personas de países del norte de Centroamérica, actualmente no hay otros mecanismos para que las personas soliciten protección en Estados Unidos en el trayecto desde sus lugares de origen o en un país de tránsito en la región. No hay vías de protección en Estados Unidos para población haitiana proveniente de terceros países; es indispensable que las rutas provenientes de Haití que existen hoy solamente en papel, como el Haitian Family Reunification Parole Program (Programa de Permiso de Reunificación Familiar Haitiano), se vuelvan realidades inmediatas para que personas originas de Haití vengan a Estados Unidos. Los programas de Estados Unidos y Canadá de trabajo temporal para personas en México, países al norte de Centroamérica y la reciente inclusión de personas haitianas al programa de trabajo de invitados de Estados Unidos, podrían también aliviar las necesidades económicas de algunas personas; sin embargo, en todos los casos, se tiene que solucionar inmediatamente el fraude y explotación laboral y en el proceso de reclutamiento. Otras vías complementarias, es considerar el acceso a la educación para las personas jóvenes centroamericanas y haitianas.   

Por último, una visión regional también tiene que resolver el creciente número de retos causados por el desplazamiento climático, garantizando que no se regrese a las personas a condiciones inseguras. Instamos a los tres gobiernos a actuar con prontitud para usar los mecanismos jurídicos existentes para ofrecer protección a las personas desplazadas y crear nuevas vías para todas y para las familias que han sido forzadas a escapar por el creciente impacto causado por el cambio climático.

Los instamos a tener un verdadero liderazgo regional y demostrar que el compromiso para defender los derechos humanos aplica a la propia conducta interna de los Estados y al compromiso con sus recomendaciones hechas a otros países. Nuestras organizaciones agradecen su consideración y apreciamos la oportunidad de participar con sus administraciones en lo relativo a una visión regional integral y colaborativa que respete los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional y que promuevan el acceso a la protección y a vías alternas a la migración.   

Respetuosamente,

Organizaciones y Redes de organizaciones de la sociedad civil

“Como nacido entre nosotros” 

Al Otro Lado 

Aldea – The People’s Justice Center 

Alianza Americas 

American Friends Service Committee 

Americas Program 

Apoyo a Migrantes Venezolanos 

Arizona Justice For Our Neighbors 

Asociación Pop No’j 

Asylum Access 

Asylum Access Mexico 

Border Kindness 

Border Organizing Project 

Bridges Faith Initiative 

CADEC-UAZ 

Casa del Migrante en Tijuana, A.C. 

Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.  

Center for Gender & Refugee Studies 

Centro 32/FBTM 

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. 

Church World Service 

Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C. 

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI) 

Columbia Law School Immigrants’ Rights Clinic 

Espacio Migrante A.C. 

Faith in Action 

Florence Immigrant & Refugee Rights Project 

Freedom Network USA 

Fundación Gilberto Rincón Gallardo, AC  

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho  

Global Exchange 

Global Justice Clinic, Washington Square Legal Services 

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Américas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Migrantes México; Servicio Jesuita a Refugiados; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Claudia Martínez Medrano, Jocelín Mariscal Agreda y Melissa A. Vértiz Hernández, Secretaría Técnica. 

Guatemala Human Rights Commission 

Haitian Bridge Alliance 

Hope Border Institute 

Human Rights First 

Immigrant Defenders Law Center 

Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

International Mayan League 

International Refugee Assistance Project (IRAP) 

International Tribunal of Conscience of Peoples in Movement, Mexico City 

JPIC Familia Franciscana Guatemala 

Justice Action Center 

Kids in Need of Defense (KIND) 

Las Vanders (México y Honduras) 

Latín America Working Group

Mariposas Sin Fronteras, Tucson, AZ  

Mississippi Center for Justice 

National Immigrant Justice Center 

National Immigration Law Center 

National Lawyers Guild Mesoamerica Subcommittee 

National Network for Immigrant and Refugee Rights 

NETWORK Lobby for Catholic Social Justice 

Peace Brigades International-Canada 

Peace Brigades International-USA 

Programa de Asuntos Migratorios Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

Puente Ciudadano  

Quixote Center 

RAICES 

Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración 

Refugees International 

Sin Fronteras IAP 

Tahirih Justice Center 

Center for Democracy in the Americas 

Transgender Law Center 

Unitarian Universalist Service Committee 

United African Organization 

United Stateless 

Vicentinos en La Frontera/Diáspora 

Witness at the Border 

Washington Office on Latin America (WOLA) 

Women’s Refugee Commission 

Título personal

Allert Brown-Gort

Dra. Alexandra Délano Alonso

Dra. Marina Brismat

Gustavo López

Itzel Eguiluz

Jill Anderson

Jorge Hurtado O.

Leticia Calderón Chelius

Marcela Ibarra Mateos

Martha Rojas W

Patricia Zamudio Grave

Rebeca González Camacho

Sheerly Avni

Xiomara Peraza Torres